Por. Jesús M. Solano Rubio

Se acabaron los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro y los peores pronósticos que había entorno a él no se cumplieron, pero tampoco se consolidó como el gobierno transformador que prometía. Colombia no se volvió Venezuela, ni “revivió” el Castrochavismo y la economía terminó mostrando mejores indicadores de lo que muchos expertos anticipaban.

Fueron cuatro años en los que el país mostró un avance significativo en temas que antes no eran prioridad para los gobiernos centralistas: la defensa, la protección y el reconocimiento de las minorías étnicas, como el nuevo decreto sobre la Línea Negra para proteger el territorio ancestral, ambiental y cultural de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otro de los cambios fue el tratamiento de la protesta social. A diferencia de administraciones anteriores, las manifestaciones no estuvieron marcadas por la respuesta represiva de la fuerza pública. A ello se sumó el fortalecimiento de los derechos laborales mediante la Reforma Laboral y una política de incrementos sostenidos del salario mínimo, que modificó la jornada laboral y elevó al 100 % el recargo por trabajo en domingos y festivos, una decisión que generó ampollas en el sector empresarial.

Gráfica salario mínimo en Colombia dese el gobierno de Andrés Pastrana en 1988 hasta el 2026.

La tasa de desocupación cerró en 8,0 %, medio punto porcentual menos que un año atrás, mientras el país generó cerca de 706 mil nuevos empleos, principalmente en los sectores de alojamiento y comidas, construcción y transporte, según el DANE. Al mismo tiempo, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres continuó reduciéndose, un indicador que refleja avances en la inclusión del mercado laboral.

Las cifras sobre pobreza también son relevantes. En 2025 la pobreza multidimensional cayó de 11,5 % a 9,9 %, con reducciones tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Bogotá registró la mayor disminución, pero también mejoraron regiones históricamente rezagadas como Amazonía-Orinoquía, la Pacífica, la Oriental, la Andina y el Caribe. Son resultados que ningún gobierno debería minimizar, sin importar su color político.

Pero todo no fue color de rosa, el Gobierno de Petro, destacado por tuitear a toda hora los temas más relevantes de la nación, llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y terminó enfrentando varios de los escándalos más sonados de los últimos años, en los que se vieron comprometidos funcionarios designados por él y personas de su círculo más cercano.

Entre los más sonados está el desfalco de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y la desviación de recursos para la adquisición de carrotanques para la Guajira, por un sobrecosto estimado en $20.000 millones de pesos; el caso de Laura Sarabia, su antigua mano derecha, por el uso de un polígrafo para investigar a su exniñera por el robo de una maleta con dinero.

O el más reciente de Juliana Guerrero y su hermana a quienes, según publicó la Revista Semana, empresarios señalan- con chats como pruebas- que debían pagar un millón de pesos por una primera reunión con ellas y posteriormente “ayudarlos” con gestiones ante el Gobierno para contratación estatal a cambio de 200 millones y el pago del 10% del valor por cada proyecto adjudicado, denuncias que están siendo investigadas por las autoridades.

Ni de hablar de la situación de su hijo, Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos por lo que fue detenido en 2023, aunque recobró la libertad tras comprometerse a colaborar con la Fiscalía, el ente ha señalado que no ha cumplido ese acuerdo.

La investigación en contra del hijo mayor del presidente surgió luego de las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien aseguró en Revista Semana que recibió recursos de origen ilícito para la campaña presidencial de 2022. 

Según la Fiscalía, Nicolás Petro admitió haber recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, aunque ha insistido en que su padre desconocía esos hechos.

La llamada Paz Total tampoco cumplió las expectativas que generó. Las negociaciones con los grupos armados avanzaron con enormes dificultades, la violencia persistió en varias regiones y el objetivo de capturar a Iván Mordisco y de reducir de manera significativa el conflicto quedó lejos de alcanzarse. Fue, probablemente, la mayor deuda de un gobierno que hizo de la paz una de sus principales banderas.

Ese es el legado que recibe Abelardo de la Espriella. Un país menos pobre y con mejores indicadores laborales que hace cuatro años, pero también con profundas heridas institucionales, una ciudadanía polarizada y una enorme desconfianza hacia la clase política.

Colombia escribe a partir de hoy nuevas páginas en su historia y el reto o lo ideal sería que el presidente de la Espriella avance sobre lo construido y corrija errores, porque los gobiernos pasan cada cuatro años, pero las problemáticas del país siguen esperando respuestas.